SANTIAGO. - La Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, Inc. (FUNDO) expresó a través de un comunicado de prensa su apoyo al proyecto de ley que plantea gravar con un 20% todas las bebidas carbonatadas, endulzadas, estimulantes o energizantes.
La propuesta considera que las bebidas gaseosas y azucaradas “no aportan beneficios para la salud” y serían un factor determinante para el incremento de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión arterial.
Asimismo, se establece que este tipo de bebidas deberán contener advertencias escritas, emblemas, distintivos y cualquier otro elemento que alerte sobre la naturaleza del producto y la posibilidad de que su ingesta “aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos, infarto, cáncer, osteoporosis, caries dental y erosión del esmalte dental”.
Además, establecería el uso de un envase no mayor de 20 onzas para la comercialización al público de estas bebidas y prohíbe su venta en escuelas e instituciones de educación primaria, sin el consentimiento de sus padres.
“Esta iniciativa merece nuestro apoyo y de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajamos el tema de las enfermedades cardiometabólicas, al tiempo que felicitamos al diputado del PLD por Puerto Plata, Juan Carlos Quiñones, quien es su creador de esta pieza legislativa”, expresa FUNDO en un comunicado de prensa.
Por su parte, la doctora Raisa García, nutrióloga clínica y coordinadora para la República Dominicana del Programa de Educación en Salud y Nutrición para Niños de Latinoamérica (EDUSANU), puntualizó que “en nuestro país, el Estudio Factores de Riesgo Cardiovascular y Síndrome Metabólico en la República Dominicana (Efricard II) realizado en 2012 compara los datos obtenidos en un sondeo similar en 1998 con los actuales y concluye que la obesidad aumentó en casi un 62%, pasó de 16% a 26.6% y la diabetes en casi el doble de 5.5% a 10%. Si se suman la prevalencia de obesidad con la de sobrepeso, la cifra es aún más alarmante ya que alcanza el 67%”.
“No nos extraña que haya sectores de poder que han manifestado su oposición al proyecto, pero esperamos que nuestros legisladores antepongan los intereses de la población sobre cualquier interés en particular, ya que en el artículo 61 de nuestra constitución dice que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas y el mejoramiento de la alimentación, entre otras responsabilidades”, concluyó.
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