La Sociedad Dominicana de Pediatría emitió un comunicado público en el que advierte sobre prácticas inadecuadas y posibles casos de intrusismo profesional en la atención de pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), subrayando la importancia de garantizar evaluaciones clínicas rigurosas y basadas en evidencia científica.
En el documento, la Sociedad Dominicana de Pediatría reafirma su rol de orientación a la población y enfatiza que las decisiones diagnósticas y terapéuticas deben estar alineadas con principios éticos y normativas sanitarias nacionales. La entidad recuerda a las familias que es esencial verificar las credenciales del profesional que interviene en la evaluación o tratamiento de menores con sospecha de TEA.
Entre las recomendaciones principales, la organización destaca la necesidad de confirmar que el especialista sea pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil o psicólogo clínico debidamente titulado. Asimismo, insta a comprobar que el profesional esté registrado ante el Ministerio de Salud Pública o en el Colegio Médico Dominicano, y advierte sobre títulos ambiguos o no respaldados por formación universitaria reconocida.
El comunicado también enfatiza que el diagnóstico de TEA no debe realizarse en una única consulta rápida ni mediante pruebas informales. Según la sociedad médica, una evaluación adecuada debe ser formal y multidisciplinaria, incluyendo historia clínica completa, valoración del desarrollo, observación conductual estructurada e interconsultas cuando corresponda.
Otro de los puntos abordados es la advertencia frente a promesas de “cura”, resultados garantizados en plazos breves o métodos presentados como exclusivos o secretos. La entidad recalca que el TEA es una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad susceptible de resolverse mediante suplementos o terapias milagrosas.
La organización recomienda a las familias acudir a centros reconocidos, ya sean públicos o privados acreditados, que trabajen con protocolos oficiales y equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la salud debidamente cualificados. Con este pronunciamiento, la sociedad busca reforzar la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la protección frente a prácticas sin sustento científico.
Ver comunicado completo aquí.
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