La propuesta de aplicar una cápita diferenciada según edad y sexo en el sistema dominicano de seguridad social ha reactivado el debate sobre la equidad financiera en el acceso a los servicios de salud. Aunque contemplada en la Ley 87-01, esta medida nunca ha sido aplicada, así lo explicó el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany.
De acuerdo a Rosa Chupany su implementación permitiría que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) reciban fondos ajustados al perfil de riesgo de cada afiliado, en lugar de una suma uniforme por persona.
Detalló que en la actualidad la Tesorería de la Seguridad Social entrega un monto estándar por afiliado a todas las ARS, sin distinguir si se trata de un joven sano o de un adulto mayor con múltiples condiciones médicas. El nuevo modelo plantea reconocer, por ejemplo, que una mujer mayor o una persona con enfermedades crónicas tiene una demanda más alta de servicios, y por tanto, su atención requiere más recursos.
El tema fue abordado en el más reciente episodio del podcast “La Voz del Paciente RD”, conducido por el economista Jefrey Lizardo y la paciente y activista Teresa Martez, donde participó como invitado Rosa Chupany, quien destacó que esta redistribución no representaría un aumento en el costo para los afiliados ni una elevación en el monto total de la cápita.
Durante el conversatorio destacaron que la propuesta también busca combatir el fenómeno conocido como “descreme del mercado”, en el que algunas ARS favorecen la afiliación de personas jóvenes y saludables, mientras otras cargan con poblaciones de alto costo, como envejecientes o servidores públicos jubilados. Con la cápita diferenciada, las aseguradoras tendrían incentivos financieros para aceptar y atender a estos grupos vulnerables, reduciendo la segmentación injusta del sistema.
Por ahora, la fórmula considera únicamente dos variables: edad y sexo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que un próximo paso lógico sería incorporar las condiciones médicas preexistentes, lo que permitiría una asignación de recursos aún más precisa y orientada al perfil clínico de cada afiliado.
Además, se discutió la reciente solicitud de indexación de la cápita presentada por las ARS ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, un proceso que se realiza cada dos años para ajustar los montos al ritmo de la inflación y las nuevas coberturas. Lizardo destacó que cualquier aumento debe venir acompañado de mejoras tangibles en los servicios ofrecidos y de una mayor transparencia en el uso de los fondos.
El exfuncionario indicó que esta reforma será progresiva y podría implementarse en un período de 18 meses, sin afectar el límite del 10% en gastos administrativos que actualmente rige a las ARS. También enfatizó que esta medida no requiere una modificación legislativa, sino una decisión técnica y política dentro del marco legal existente.
Finalmente, los expertos señalaron que el país necesita avanzar hacia un modelo de salud basado en resultados, eficiencia y equidad. Esto implica no solo revisar cómo se distribuyen los fondos, sino también actualizar los mecanismos de pago, eliminar copagos injustificados y asegurar que toda mejora en las negociaciones entre sectores repercuta positivamente en el bolsillo del afiliado.
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