La Mesa de Inclusión y Discapacidad de la Cámara de Diputados, anunció el depósito de dos iniciativas legislativas que buscan garantizar el acceso igualitario de las personas sordas a los servicios públicos y a la formación técnica, eliminando barreras de comunicación históricas que vulneran sus derechos.
La primera iniciativa consiste en una resolución que solicita al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) la contratación y disposición de intérpretes de lengua de señas dominicana en todos sus programas educativos, garantizando así que las personas sordas puedan formarse en igualdad de condiciones y acceder a empleos dignos.
La segunda propuesta es un proyecto de ley que incentiva a las instituciones de educación superior, a contar con al menos un intérprete de lengua de señas en sus plantillas o contratos de servicio, a fin de asegurar la comunicación efectiva con usuarios con discapacidad auditiva.
Con esta ley se busca contratar intérpretes de lengua de señas debidamente acreditados por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), para garantizar la accesibilidad comunicacional de los estudiantes sordos en todas sus actividades académicas.
De igual forma, incluir en las ofertas académicas, asignaturas relacionadas con la lengua de señas dominicana y la cultura sorda, como parte de su currículo regular.
Por ultimo, la nueva ley busca capacitar de manera progresiva y permanente a su personal docente y administrativo en lengua de señas dominicana y en estrategias pedagógicas inclusivas, con el objetivo de crear entornos de aprendizaje accesibles y equitativos.
“Estas medidas son parte de un compromiso firme con la equidad, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad”, declaró la diputada Mirna López, quien enfatizó que «no puede hablarse de inclusión sin garantizar el derecho a comunicarse, a educarse y a participar plenamente de la vida pública».
Además, la diputada Mirna López reiteró que la Mesa continuará trabajando de la mano con organizaciones de personas sordas, expertos en accesibilidad y entidades del Estado para dar seguimiento a estas propuestas y construir un país verdaderamente inclusivo, donde todos puedan avanzar juntos.
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