Impact of the application of neurorights dominican criminal legislation.
Parte 3.
Autores: licenciado Eliezer Casso Licenciado en Derecho. Conocimientos en Estándares de Prueba y Debido Proceso.
Doctora Katty Gómez Psiquiatra. Master en Psiquiatría legal y forense. Entrenamiento en Neurolaw.
2.2.1. Derechos fundamentales frente al desafío de las neurotecnologías: oportunidades.
En el contexto de la realidad tecnológica actual, nos encontramos con conclusiones impredecibles, lo cual coincide con la creciente sospecha de que la visión racional pragmática en la regulación autoritativa y las técnicas clínicas aplicadas por las neurociencias con su neurotecnología están cambiando el campo del derecho penal y sus procesos, ya sea para el delincuente, el imputado o el individuo privado de libertad.
Actualmente, se añade una gran innovación. En este sentido, los cálculos y decisiones humanas se sustentan, en función del ámbito de actividad específico, en elecciones que hasta ahora se basaban en respuestas rápidas o metas inmediatas, propensas por su naturaleza a caer en predisposiciones y automatismos fundamentados en los atajos mentales.
La digitalización de la mente y la interacción con la inteligencia artificial plantean desafíos y preocupaciones en relación a cómo los jueces e investigadores toman decisiones. El surgimiento del aprendizaje profundo y la capacidad independiente de selección basada en estructuras cerebrales ofrecen un marco para avanzar y desarrollar el cálculo de manera autónoma. Ante esta posibilidad, es necesario considerar desde la perspectiva de la regulación las respuestas y los problemas que surgen en la aplicación de normas y estándares convencionales, los cuales también se transforman. Esto implica la necesidad de interpretar la ley a la luz de los nuevos resultados especializados, especialmente en lo que respecta a la reconfiguración de las garantías legítimas en relación a la transferencia de información y el cambio en el espacio público y la organización del patrimonio.
El mal uso o la negligencia en el uso de la Inteligencia Artificial Psicológica (IAP) y la Inteligencia Artificial Judicial para la Valoración de Riesgos (IAJVR) podría representar una amenaza para la seguridad informática, la seguridad pública y el bienestar general, y, por consiguiente, afectar los derechos fundamentales que aún no están especificados pero que se pretenden regular mediante los neuroderechos cuando sean positivizados junto a los derechos fundamentales.
Esta tecnología podría ser utilizada para llevar a cabo ataques de gran escala, altamente enfocados y extremadamente perjudiciales para los derechos fundamentales. Un uso perjudicial o negligente de los sistemas de inteligencia artificial también puede implicar riesgos para el sistema de votación y las libertades individuales. En particular, se debe prestar atención al impacto que esto puede tener en las libertades sagradas y los intereses legítimos que convergen en el proceso delictivo, lo cual es comparable a la posible utilización de los sistemas de valoración de riesgos judiciales.
En el ámbito del proceso penal, el derecho a la defensa es fundamental para garantizar un juicio justo y proteger los derechos de las personas acusadas (Mellado, A. 1991). Aquellos sujetos sometidos a investigación o acusación deben tener la oportunidad de presentar de manera efectiva sus argumentos y presentar pruebas que consideren pertinentes y adecuadas, las cuales deberán ser evaluadas de manera imparcial por un juez competente. El juez deberá considerar las pruebas, las alegaciones motivadas y emitir una decisión jurídica fundamentada en derecho (Perez, C. 1997).
En los procedimientos penales, el pleno ejercicio del derecho del imputado a estar presente en la audiencia oral no solo es una necesidad basada en el principio fundamental de contradicción, sino también el medio que le permite ejercer su derecho a la autodefensa y responder a las acusaciones en su contra, presentando argumentos basados en hechos que refuten la causa acusatoria.
Dentro de las garantías que se coordinan en el derecho de defensa, una de las primeras es la prerrogativa de conocer la acusación en su contra, lo cual contrasta con la práctica del Antiguo Régimen penal que prevalecía en algunos sistemas de proceso penal en América Latina. La publicidad de las actuaciones procesales permite que la población en general pueda conocer y ejercer opciones legales para protegerse en los tribunales. El imputado tiene el derecho de contar con un abogado para asegurar su defensa, y en caso de no tenerlo, tiene la opción de solicitar uno, lo cual podría llevar a la suspensión de la etapa preliminar. Además, tiene derecho a comunicarse con su abogado durante la etapa preliminar y a recibir asistencia legal durante la detención preventiva, sin limitaciones que restrinjan la participación del acusado en dicha etapa (Vitkauskas & Dikov, 2017).
Continuará…
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