La Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) llevó a cabo el panel titulado “Cápita diferenciada: Diseñarla bien y hacer lo correcto”, con el objetivo de crear un espacio de análisis y reflexión en torno al diseño e implementación de este mecanismo dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El conversatorio fue moderado por Alba Joselin Holguín Pichardo, directora ejecutiva de ADIMARS, y contó con la participación de los expertos José Selig, Fernando Caamaño, Manuel Fermín Cabral, Eduardo Jorge Prats y Pedro Jiménez, quienes abordaron distintas perspectivas técnicas, económicas y jurídicas sobre la cápita diferenciada.
Durante su intervención, el licenciado Manuel Fermín Cabral cuestionó la transparencia y legalidad del proceso mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la Resolución 624-02, que modifica el mecanismo de distribución de pagos a las ARS tomando únicamente las variables de edad y sexo, pese a que la Ley 87-01 contempla criterios más amplios.
Desde el derecho administrativo, señaló presuntas irregularidades formales en el procedimiento, incluyendo inconsistencias en las actas, al figurar una sesión fechada el 23 de octubre 2025 donde supuestamente se adoptaron decisiones, y otra del 31 de octubre 2025 en la que se emite la resolución. A su juicio, esto genera dudas sobre la validez del proceso y el cumplimiento de las reglas de convocatoria, quórum y deliberación establecidas por la ley.
Indicó además que los miembros del Consejo debieron recibir con antelación la documentación necesaria para tomar decisiones fundamentadas, lo que —según afirmó— no ocurrió, especialmente considerando que el informe técnico que sustentaría la medida fue presentado con posterioridad a la sesión en que se habría aprobado.
Fermín Cabral sostuvo también que no se cumplió con el procedimiento de consulta pública dispuesto en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas frente a la administración, que obliga a publicar previamente las propuestas regulatorias para permitir la participación de los sectores interesados. La omisión de este paso, advirtió, podría acarrear la nulidad absoluta de la resolución.
Por su parte, Fernando Caamaño calificó el cambio en el mecanismo de pago por cápita diferenciada como una decisión “inoportuna y mal gestionada”, que podría generar desequilibrios financieros y conflictos institucionales.
Afirmó que el cálculo aplicado carece de estudios técnicos y actuariales actualizados, al basarse en estadísticas previas a 2020 y limitarse a variables como edad y sexo, dejando fuera factores determinantes como condiciones de salud, ubicación geográfica y perfil socioeconómico.
El especialista consideró que el problema no es exclusivamente de cápita, sino estructural, al evidenciar insuficiencia financiera en el sistema. Asimismo, cuestionó que la medida se adoptara sin el consenso necesario entre los actores del sector.
Juristas y especialistas coincidieron en que la Resolución 624-02 debe ser anulada por el Tribunal Superior Administrativo, al considerar que fue adoptada sin el debido proceso, con información distorsionada y sin demostrar un beneficio real para los afiliados.
Durante el panel se reiteró que el centro del debate debe ser la protección de los afiliados —“los verdaderos dueños del sistema”— y no los intereses particulares. En ese sentido, plantearon la necesidad de que se suspenda la medida y se convoque a una mesa de diálogo amplia, con participación de todos los actores, incluido el Poder Ejecutivo, para revisar de manera integral la Ley 87-01.
Los expertos argumentaron que la resolución podría resultar inconstitucional por violar principios como la razonabilidad, la buena administración y la seguridad jurídica, al no haberse respetado plenamente el debido proceso ni garantizado la participación.
El panel se llevó a cabo en el Salón de Conferencias Dr. Guarocuya Batista del Villar, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de representantes del sector salud, ejecutivos de ADIMARS, juristas y especialistas de diversas áreas —entre ellas política y economía— así como medios de comunicación, quienes dieron seguimiento al debate sobre la cápita diferenciada y su impacto en el sistema de seguridad social.
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