Especialistas en economía, desarrollo social y políticas públicas coincidieron en que el futuro sostenible de República Dominicana depende de incorporar a la niñez y la adolescencia como eje central de las decisiones macroeconómicas. El planteamiento fue abordado durante el panel “Análisis de Tendencias Económicas Emergentes para la Infancia y la Adolescencia”, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El encuentro reunió a académicos, autoridades y analistas para examinar el impacto de las transformaciones económicas globales en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, quienes representan el 32 % de la población nacional. Entre los factores analizados destacaron la digitalización, la automatización, la desglobalización, el alto endeudamiento, la transición verde y las restricciones fiscales.
El representante de UNICEF en el país, Carlos Carrera Cordón, subrayó que las decisiones económicas actuales determinarán de forma directa las oportunidades futuras de la población infantil. Indicó que el crecimiento económico solo adquiere sentido cuando se traduce en bienestar, protección y garantía de derechos. Asimismo, definió la relación entre economía e infancia como un “círculo virtuoso”, donde la inversión en desarrollo infantil fortalece la sostenibilidad social y productiva.
Desde el ámbito gubernamental, Nelson David Chávez, director de Desarrollo y Planificación Sectorial del Ministerio de Economía, señaló que el país atraviesa un cambio demográfico que obliga a replantear la planificación pública con enfoque etario y territorial. Explicó que la planificación nacional 2025-2028 integra metas que impactan directamente a la niñez y enfatizó que el ordenamiento territorial resulta clave para asegurar la efectividad de las políticas sociales.
Por su parte, Raúl Ovalle Marte, director de la Escuela de Economía de la PUCMM, planteó la necesidad de vincular explícitamente las políticas fiscales, laborales y productivas con la realidad de la infancia y la adolescencia. Advirtió que la desconexión entre macroeconomía y variables sociales perpetúa brechas estructurales que limitan el potencial de desarrollo del país.
El economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, analizó el contexto global caracterizado por menor crecimiento, envejecimiento poblacional, inteligencia artificial y tendencias proteccionistas. Alertó que estos cambios redefinen riesgos y oportunidades para los países en desarrollo, especialmente en lo relativo a empleo, productividad y sostenibilidad fiscal.
En el debate también se abordaron los efectos del cambio climático y la transición ecológica. Ángela Santana advirtió que los fenómenos ambientales extremos y la degradación de recursos impactan de forma desproporcionada a la población infantil. Señaló además que el incremento del empleo informal se asocia con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social.
A su vez, Richard Medina, coordinador de la carrera de Economía del INTEC, identificó la digitalización, la automatización y la reducción del espacio fiscal como tendencias determinantes para la economía dominicana. Recomendó fortalecer la eficiencia del gasto público, mejorar la administración tributaria e incrementar la inversión en servicios esenciales como educación, salud y atención integral a la primera infancia.
Durante el panel, la economista Ana Hernández presentó hallazgos del estudio MetaRD 2036, elaborado para UNICEF, destacando que una proporción significativa de las metas nacionales de desarrollo mantiene alta alineación con prioridades vinculadas a la infancia. No obstante, subrayó la necesidad de integrar de manera explícita este enfoque en la planificación estratégica.
El encuentro concluyó con un llamado a repensar el desarrollo desde una perspectiva intergeneracional. Los participantes coincidieron en que la niñez no debe considerarse un efecto indirecto del crecimiento, sino un componente estructural de la política económica, dada su influencia directa en la sostenibilidad social y productiva del país.
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