SANTO DOMINGO.- La Junta Directiva Nacional de la Asociación Dominicana de Rehabilitación apuesta a que las empresas privadas y el Estado como principal empleador del país, integren a sus plantillas a personas con capacidades distintas, como forma de lograr su inclusión plena en el mundo laboral y reducir los niveles de pobreza entre esta población.
En ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la ADR convocó al ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps y al ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo a un diálogo en el que se les planteó la urgencia de hacer cumplir el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica No. 5-13 sobre discapacidad, en el que se establecen cuotas de colocación tanto al sector privado como al Estado.
El encuentro sirvió de escenario para que ambos funcionarios firmaran una declaración de intenciones en la que se comprometen a promover el cumplimiento de la normativa que establece que el 2 por ciento de los puestos de trabajo en el sector privado y el 5 por ciento en el sector público sean ocupados por personas con capacidades distintas.
Un 7 por ciento de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad y sólo un 34 por ciento de este conglomerado tiene acceso a un puesto de trabajo, lo que multiplica los niveles de exclusión y pobreza.
Tras firmar la carta compromiso, ambos funcionarios aseguraron que pondrán sus energías en el cumplimiento de este pacto con el que declaran su adhesión al respeto a una ley que procura la inserción en igualdad de condiciones de las personas con algún tipo de discapacidad.
El artículo 27 de la referida legislación establece que los ministerios de Trabajo y de Administración Pública adopten, dentro del ámbito de sus competencias, las políticas públicas que permita la inclusión de la población con discapacidad, asegurando las partidas presupuestarias pertinentes a la adecuación de los servicios que brindan a la población, la estructura física de los locales y el equipamiento de los mismos, la capacitación del personal, así como para la respuesta a los derechos y necesidades específicas de esta población, a partir del proceso de planificación presupuestaria siguiente a la aprobación del presente Reglamento.
Y como el ejemplo empieza en casa, en la Asociación Dominicana de Rehabilitación en la actualidad el 3.5 por ciento de la plantilla a nivel nacional está integrado por personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual.
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