La violencia continúa siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, según advierte un nuevo informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF.
El estudio, titulado “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones”, revela que entre 2015 y 2022 más de 53,000 menores de edad fueron víctimas de homicidio en la región, lo que evidencia la magnitud del problema.
Los datos más recientes, correspondientes al período 2021-2022, muestran tendencias contrastantes por sexo entre adolescentes de 15 a 17 años. Mientras la tasa de homicidios en varones disminuyó de 17.63 a 10.68 por cada 100,000 habitantes, en el caso de las mujeres se duplicó, al pasar de 2.13 a 5.1 muertes por cada 100,000.
El informe señala que estos homicidios se producen en un contexto marcado por el aumento de la violencia armada, el crimen organizado, el acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y normas de género nocivas, factores que incrementan la exposición de adolescentes a situaciones de alto riesgo.
Asimismo, destaca que la violencia se manifiesta desde edades tempranas. En la región, seis de cada diez niños menores de 14 años son sometidos a algún tipo de disciplina violenta en el hogar, uno de cada cuatro adolescentes sufre acoso escolar y casi una de cada cinco mujeres reporta haber experimentado violencia sexual antes de los 18 años. A esto se suma el creciente impacto de la violencia en entornos digitales.
El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, afirmó que millones de niños y adolescentes viven diariamente expuestos a la violencia en sus hogares, escuelas y comunidades, por lo que consideró fundamental fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y protección.
Por su parte, el director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, subrayó que la violencia tiene efectos duraderos en la salud física y mental de la niñez y adolescencia, y destacó el papel clave de los servicios de salud en la detección temprana y la atención oportuna de las víctimas.
Además de describir la magnitud del problema, el informe presenta soluciones basadas en evidencia para prevenir la violencia y reducir sus consecuencias. Entre ellas, se recomienda fortalecer las leyes de protección infantil, garantizar el control de armas, capacitar a personal educativo, policial y sanitario, promover una crianza respetuosa y ampliar los servicios de atención a víctimas.
La publicación fue validada durante una consulta ministerial regional celebrada en octubre de 2025, que reunió a autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de acordar acciones concretas para construir entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes en la región.
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