Por: Dr. Rubén Vásquez, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria (SODOMEFYC).
Precandidato a la Regional del Distrito por el CMD.
A casi 47 años de iniciada la Atención Primaria, cuando en el 1978 el Alma Ata declaró salud para todos, en el 2000 con la implementación de la atención primaria a nivel regional. Y en el 2019 hubo otra declaración con la firma de los ministros de salud de la región latinoamericana donde se planteó la inversión de 30-30 para la Atención Primaria.
Aún nuestro país no ha dado paso definitivo a esta estrategia que cambiaría todo el sistema de salud de ser hospitalocéntrico a la prevención. Donde contamos con varias leyes que sustentan esta estrategia como la Ley 42-01, donde fundamenta pero no define claramente el rol, las funciones, la estructura y el financiamiento de la APS.
El Ministerio de Salud debe desarrollar y mantener políticas públicas que prioricen la APS y establecer claramente los objetivos y la asignación de recursos necesarios para la implementación a nivel nacional.
Mientras no exista voluntad política que no se quede en meramente discurso politiquero. Este debe ir de la mano con la implementación de modelos de pago que incentiven la calidad, la prevención y la coordinación efectiva en la APS, como por ejemplo la capitación ajustada por riesgo o el pago por desempeño.
Dentro de la ley está bien explícito que la APS debe garantizar el acceso a los servicios de APS sea gratuito o asequible para toda la población, eliminando las barreras económicas que pueden hacer imposible el acceso a esta.
Las redes de servicios de la Atención Primaria se deben hacer inversiones en la mejora y mantenimiento en esta, que estén bien distribuidas geográficamente, con espacios físicos adecuados y accesibles para personas con discapacidad. Se deben fortalecer directamente y asegurar la disponibilidad continua de equipos médicos básicos, insumos y pruebas de diagnósticos necesarias para la atención en las UNAP.
Establecer mecanismos formales y efectivos para la participación de la comunidad en la planificación, gestión y evaluación de los servicios de APS.
Otra parte de la ley contempla el sistema de referencia y contrarreferencia, el cual no se lleva a cabo a pesar de que los médicos del primer nivel refieren los pacientes a un nivel más complejo; esos pacientes no regresan a su UNAP correspondiente. Esto, cuando en algunos sistemas donde está establecido, le asegura la continuidad de la atención de los pacientes que requieren servicios de otras especialidades.
La APS no puede operar de manera aislada. Requiere un sistema de salud sólido y cohesionado que le brinde el soporte necesario en términos de financiamiento, participación social y articulación con otros niveles de atención. Si se garantizan o se fortalecen cada uno de los pilares, nuestro país podrá construir un sistema de salud más robusto y sólido. Esto facilita accesos más equitativos, oportunos y de calidad a los servicios de salud para nuestra población y con las bases para tener unos ciudadanos más saludables para el futuro.
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