SANTO DOMINGO. - El Ministerio de Salud Pública informó la tarde de este martes - 19 de septiembre - que a través del Clúster de Alcohol de la Dirección General de Salud Mental muestra su preocupación por las muertes de adolescentes, como el caso más reciente de Kimberly Adón, de apenas 16 años.
“Nuestra población de niños, niñas y adolescentes es muy vulnerable a la exposición a tantos factores de riesgo, incluidos centros de bebidas denominados drinks, discotecas y colmadones; y a otros vicios como la hookah o bancas de apuestas. También, a la práctica precoz del sexo, con su secuela inmediata de embarazos a destiempo”, explica en nota de prensa la institución.
Pese a la existencia de la Ley 136-3, que les protege, su aplicación y seguimiento presenta una gran debilidad, lo cual se hace evidente con frecuencia en los centros de expendio de bebidas alcohólicas, donde no se les exige una identificación; y se les vende alcohol de manera indiscriminada.
A lo anterior se suma - afirma la nota de prensa - una abierta permisividad por parte de los propios padres y madres, quienes frecuentemente propician estas violaciones, llevando a hijos menores a “colmadones”, donde son aceptados por los dueños de esos negocios.
“Sabemos que el consumo de alcohol se está iniciando a edad muy temprana y que, de acuerdo a las encuestas En Hogar y Endesa, nuestra población joven de 20 a 29 años es la que más consume alcohol. Aparte de eso, son frecuentes los casos de niñas embarazadas desde los 11 años”, explica el Clúster de Alcohol en su documento de prensa; y agrega: “Con esta realidad, que golpea a nuestra población más vulnerable, como Clúster de Alcohol insistimos en la necesidad de asumir una actitud menos contemplativa y que las autoridades competentes apliquen la Ley 136-3, con un drástico régimen de consecuencias a padres y madres, así como a los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas que violan lo establecido por la legislación vigente”.
De igual modo, pidió a la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía dar seguimiento permanente a la aplicación de la Ley 136, sistematizando la prevención y los mecanismos de protección a estas poblaciones vulnerables.
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