RD registra aumento de comercio ilícito de medicamentos durante crisis por COVID-19

SANTO DOMINGO.- Durante la pandemia, la comercialización de medicamentos ilícitos no ha cesado sus operaciones en todo el mundo, y la República Dominicana no se exime de esta problemática. Según la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa), de los 15 casos registrados en el país en este año por la falsificación de medicamentos, 13 corresponden al segundo trimestre e inicio de crisis por la COVID-19. 

En este sentido, con el objetivo de combatir esta práctica que afecta la salud de los consumidores a nivel mundial, a inicios de marzo la Interpol, en colaboración con las autoridades de 90 países -algunos de Latinoamérica- realizaron la Operación Pangea XIII, donde se incautaron fármacos falsificados y equipos médicos de baja calidad con un valor aproximado de US$14 millones.

En cuanto a República Dominicana tanto Pedecsa como la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) y otros organismos estatales, han coordinado operativos que han dado como resultado la intervención de dos centros clandestinos que falsificaban medicamentos. 

En abril, se allanó un laboratorio ilegal en Santiago donde se decomisaron miles de fármacos, maquinarias y utensilios médicos. Mientras que, en el Distrito Nacional se desarticuló un centro clandestino donde se producía Plaquinol, un medicamento utilizado en el tratamiento contra la COVID-19.

El magistrado licenciado Rafael Brito, quien preside Pedecsa, señaló que el aumento en los casos registrados durante la pandemia es un indicador de que los criminales han aprovechado la crisis sanitaria para continuar con el comercio ilícito de medicamentos. 

“Ante este escenario tan sensible para la salud, desde la procuraduría no hemos bajado la guardia en el combate a esta práctica que atenta directamente en el bienestar de los dominicanos. Es por eso que, de la mano con otras instituciones, hemos aplicado las sentencias a los responsables del delito”, agregó.

De su lado el vicepresidente ejecutivo de ARAPF, Juan Miguel Madera, indicó que la colaboración público – privada ha sido clave en la lucha contra el comercio ilícito durante la COVID-19.

“Estamos en un momento de la historia, donde los medicamentos y preservar la salud es el tema principal. Por tal razón, es necesario continuar trabajando en conjunto para lograr reducir el impacto de la comercialización de medicamentos ilícitos”, sostuvo.

Añadió además, “estamos comprometidos en brindar a los consumidores productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces”.

La comercialización de fármacos en condiciones no adecuadas para su consumo no solo afecta la salud de los dominicanos, sino que atenta contra el crecimiento económico del país, el cual, sin dudas, se verá impactado por los estragos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

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