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ADARS se desliga de proyecto del Ministerio de Salud para establecer nueva política farmacéutica

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SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) desligó a sus miembros del proceso iniciado por el Ministerio de Salud Pública para poner en vigencia un Plan Maestro de Política Farmacéutica.                

A través de un comunicado de prensa ADARS asegura no ser parte de ese proyecto, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud Pública. “No entendemos las razones para vincularnos o procurar hacernos responsables de posiciones o propuestas que nos son ajenas, en un tema en el cual no hemos opinado en público o en reuniones privadas”, dice.

ADARS y sus empresas afiliadas aseguran se enteraron de la existencia de un proyecto para elaborar un Plan Maestro de Política Farmacéutica a través de los medios de comunicación.

La política de ADARS, explica, es mantener su participación en la seguridad social y en los demás servicios de salud que ofrece, en el marco de la legislación vigente para no abrir compuertas a acciones que vulneren el ambiente de seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo de sus actividades.

En este sentido, dice, es de todos conocido, que la ley No.87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, prohíbe la integración vertical de las administradoras de riesgos de salud, y por tanto su participación directa o indirecta en la comercialización de medicamentos.

ADARS asegura que las administradoras de riesgos de salud que representa son las más interesadas en servir con eficacia y proteger a sus afiliados, por lo que están dispuestas y apoyarían las políticas y acciones que garanticen el acceso a medicamentos seguros y eficaces servidos a precios razonables, sabiendo que este es un componente del cuidado de la salud que provoca un elevado gasto a las personas.

Pero, advierte, este loable objetivo sólo podrá lograrse creando un ambiente propicio en el que se descarte la confrontación y se logre la concertación de voluntades de todos los participantes en el sistema de salud, comenzando por las entidades estatales.  

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